El Proceso Kimberley celebra esta semana en Bruselas su pleno anual y no son pocos los que esperan que de esta reunión salga una nueva definición de los actuales ‘diamantes de conflicto’. La última entidad en sumarse a la demanda de cambios ha sido el Consejo Mundial del Diamante, que someterá a votación su propia propuesta durante el plenario.
Este lobby internacional de la industria busca ampliar la definición de ‘diamantes de conflicto’ para “abordar la violencia grave y sistemática” según la escueta nota que han emitido, pero no da más detalles sobre la forma en la que debe materializar el texto.
La 'conflictiva' definición de conflicto
Actualmente sólo se consideran ‘diamantes de conflicto’ a aquellos diamantes en bruto que se extraen para financiar a grupos armados opositores a Gobiernos legítimamente establecidos. Pero eso excluye la violencia ejercida por los propios gobiernos, así como a las corporaciones de seguridad privada que, a sueldo de las autoridades, operan en las zonas de extracción.
Y excluye también los abusos a los derechos humanos como el trabajo en semi-esclavitud, las condiciones de inseguridad e insalubridad extremas en las minas, las redes de prostitución asociadas o la explotación infantil… entre otros aspectos turbios.
Ese es el principal debate que la mayor parte de la Sociedad Civil (compuesta principalmente por las ONG fundadoras del Proceso Kimberley) lleva años poniendo sobre la mesa de esta institución internacional sin que haya habido ningún cambio significativo.
Un momento clave para la industria
Esta semana es decisiva para conocer si el Proceso Kimberley vuelve a recuperar el prestigio erosionado a lo largo de años de inmovilismo y finalmente se adapta a las circunstancias actuales del mercado del diamante en bruto, que ya no son las mismas por las que se creó la institución hace casi 20 años.