OCDE

“Los estándares voluntarios pueden alentar a las empresas de joyería a adoptar mejores prácticas, pero solo los requisitos legales obligatorios garantizarán que todas las empresas de joyería se tomen en serio los derechos humanos” aseguran desde la ONG Human Rights Watch en un informe donde analizan la transparencia y la trazabilidad en el empleo de gemas y metales preciosos de 13 grandes empresas joyeras.

Esta semana se celebra en París una cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Confederación Internacional de Joyería (CIBJO) es una de las organizaciones invitadas al Foro sobre Cadenas Responsables de Suministro de Minerales. Su presidente, Gaetano Cavalieri, presentó ayer algunas de las medidas de consenso que desde la industria joyera se han venido proponiendo en estos últimos años.

Mientras la Unión Europea y la OCDE avanzan para implantar una serie de medidas para garantizar que algunos de los metales que consumimos (entre ellos el oro) no sirvan para financiar a grupos y conflictos armados, varias ONG’s denuncian que la administración Trump estaría planteando dejar ‘fuera de juego’ la legislación que actualmente regula su comercio en aquel país.

Tras años de negociaciones –desde que se presentase un primer borrador en mayo de 2014--, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. Los denominados ‘minerales de conflicto’, entre los que se encuentra el oro.

La minería artesanal y a pequeña escala de oro supone entre el 20% y el 30% de la producción mundial de este metal, que llega hasta los mercados intenacionales sin casi ningún tipo de control.

El Congreso CIBJO 2018 se inauguró el lunes su congreso anual en Bogotá con un impulso hacia el suministro responsable en la industria Joyera. Para ello ha presentado el borrador de su Guía de Abastecimiento Responsable, un documento con el que se pretende aumentar la transparencia y la trazabilidad de las gemas y metales desde su origen, hasta que llega a las manos del cliente final.

El espíritu de la norma es asegurar que los minerales que entran en la UE no procedan de zonas de conflicto y que su extracción no sirva para financiar grupos armados locales o generen abusos contra los derechos humanos. El reglamento entrará en vigor a partir de 2021 y obligará a realizar “todas las gestiones razonablemente exigibles y necesarias para certificar la garantía de su procedencia", afirma una parlamentaria europea española.

Un reciente informe de las ONG Amnistía Internacional y Global Witness muestra que casi el 80% de las empresas estadounidenses están ‘fallando’ a la hora de comprobar adecuadamente sus cadenas de suministro de minerales procedentes de países en conflicto, especialmente de Centroafrica.