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Amnistía Internacional

Aprovechando que durante esta semana se celebra en Bruselas el pleno del Proceso Kimberley varias Organizaciones No Gubernamentales lanzaron el lunes un comunicado que arremete duramente contra la industria del diamante por su “falta de compromiso” para que las empresas tengan la obligación de autoregularse ante los abusos sobre los derechos humanos en los países productores, así como frente a la corrupción o los daños medioambientales.

ENTRARÁ EN VIGOR EN 2021

El espíritu de la norma es asegurar que los minerales que entran en la UE no procedan de zonas de conflicto y que su extracción no sirva para financiar grupos armados locales o generen abusos contra los derechos humanos. El reglamento entrará en vigor a partir de 2021 y obligará a realizar “todas las gestiones razonablemente exigibles y necesarias para certificar la garantía de su procedencia", afirma una parlamentaria europea española.

Las ONG miembros del Proceso Kimberley han emitido un comunicado donde “lamentan” la actitud despectiva de su presidente, el dubaití Bin Sulayem, quien ha criticado a estas asociaciones por no acudir al pasado plenario.

La ONG publica un demoledor informe sobre el tráfico de diamantes desde Centroáfrica

Las compañías distribuidoras de diamantes en bruto deben "dejar de usar el Proceso Kimberley como reclamo para asegurar que sus diamantes están libres de conflicto y de abusos a los derechos humanos", según aseguran desde la ONG, aprovechando que Kimberley celebra estos días su asamblea anual en Angola.
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Tras años de negociaciones –desde que se presentase un primer borrador en mayo de 2014--, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. Los denominados ‘minerales de conflicto’, entre los que se encuentra el oro.

Emiratos Árabes busca limpiar su imagen como centro internacional del comercio de diamantes poco "escrupuloso" con los precios que sus empresas pagan en origen, según las acusaciones de algunas ONG, lo cual afecta directamente a la recaudación de impuestos de los países productores, básicamente africanos.