El Pleno del Parlamento europeo vota hoy jueves la nueva normativa europea sobre minerales de conflicto (oro, wolframio, estaño y tantalio), que llega tras años de debate entre la industria, las Organizaciones No Gubernamentales y la clase política. De hecho, el primer borrador se presentó en 2014 y no ha sido hasta finales del año pasado cuando se publicó la versión definitiva.
Una normativa “insuficiente” para las ONG’s
Se trata de “un primer paso”, pero también de una medida “descafeinada” a juicio de las ONG’s que han seguido de cerca el desarrollo de este reglamento, ya que la normativa no contempla sanciones efectivas para las firmas que incumplan este protocolo.
Además, el nuevo reglamento no afectará por igual a todas las empresas, ya que las más vinculadas al proceso de producción —como extractoras o refinerías— estarán plenamente obligadas, mientras las importadoras de mineral y productos semielaborados o terminados, tendrán la posibilidad de adherirse voluntariamente.
Este es precisamente uno de los aspectos que más han criticado ONG’s como Amnistía Internacional ya que, a su juicio, “esta voluntariedad incluye a la gran mayoría de empresas europeas y se corre el riesgo de no alcanzar el objetivo fijado”, aseguran.
