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    15 de octubre de 2019

Minerales de conflicto

Ha sido preparado por la Comisión de Abastecimiento Responsable de la Confederación Internacional de Joyería (CIBJO)

El informe define un conjunto acordado de principios de abastecimiento responsable recomendados, que pueden ser aplicados por todos los miembros de la industria internacional de la joyería, según explican desde la organización.

Mientras la Unión Europea y la OCDE avanzan para implantar una serie de medidas para garantizar que algunos de los metales que consumimos (entre ellos el oro) no sirvan para financiar a grupos y conflictos armados, varias ONG’s denuncian que la administración Trump estaría planteando dejar ‘fuera de juego’ la legislación que actualmente regula su comercio en aquel país.

ENTRARÁ EN VIGOR EN 2021

El espíritu de la norma es asegurar que los minerales que entran en la UE no procedan de zonas de conflicto y que su extracción no sirva para financiar grupos armados locales o generen abusos contra los derechos humanos. El reglamento entrará en vigor a partir de 2021 y obligará a realizar “todas las gestiones razonablemente exigibles y necesarias para certificar la garantía de su procedencia", afirma una parlamentaria europea española.

Las laxas prácticas fiscales que un país como Mali aplica a la compraventa de oro, junto al descontrol de las exportaciones, le han convertido en el centro del comercio ilegal de oro en África Occidental según denuncia en un reciente informe la ONG Partnership África-Canadá.

Tras años de negociaciones –desde que se presentase un primer borrador en mayo de 2014--, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. Los denominados ‘minerales de conflicto’, entre los que se encuentra el oro.

La ONG Global Witness acaba de publicar un preocupante informe en el que denuncia cómo los talibanes de Afganistan y otros grupos armados vinculados al Estado Islámico controlan las importantes minas de lapislázuli al noroeste del país y estarían generando unos beneficios ilegales de en torno a los 20 millones de dólares anuales para financiarse.

En la primera década del siglo XXI se cruzaron dos fenómenos, a priori inconexos, que dieron pie a la actual situación de la minería del oro en buena parte de Iberoamérica: Los altos precios del metal aumentaron exponencialmente los beneficios de la minería, al tiempo que el Gobierno norteamericano declaraba la guerra al tráfico de drogas procedente de países como Colombia, México o Perú.
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