El Proceso Kimberley, organización que hace 20 años asumió el reto de frenar la sangría de los diamantes procedentes de países inmersos en guerras civiles –mayoritariamente de África—debe afrontar uno de los cambios más importantes desde su propia creación: impulsar la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos y no sólo en los casos de conflicto civil en su definición clásica.