La minería artesanal y a pequeña escala de oro supone entre el 20% y el 30% de la producción mundial de este metal, que llega hasta los mercados intenacionales sin casi ningún tipo de control.
Se trata de una asignatura pendiente que desde algunos ámbitos de la industria, las administraciones y las ONGs se está comenzando a regular y a visualizar, pero pero a día de hoy esos esfuerzos parecen insuficientes, a juzgar por los numerosos informes de agencias oficiales que ponen de manifiesto su pesimismo. Repasamos, en colaboración con la ONG Medicus Mundi Mediterránea, la situación en algunos de los puntos más conflictivos del planeta.
A comienzos del pasado mes de noviembre todos los medios se hacían eco de una nueva ‘alerta’ emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en la que se recomienda a embarazadas, mujeres lactantes y niños menores de diez años no comer determinados pescados como el pez espada, el atún rojo, el tiburón y el lucio, por su elevado contenido en mercurio.
El mercurio se encuentra de forma natural en la corteza terrestre pero la actividad humana está provocando una contaminación global generalizada. Y una vez en el entorno, ciertos microorganismos convierten a este metal en metilmercurio, un compuesto altamente tóxico que se acumula en peces, mariscos y animales que comen pescado, y de ahí pasan al ser humano.
En un principio pudiera parecer que este hecho no tiene conexión con la industria joyera, pero lo preocupante de todo esto es que la actividad que genera las mayores emisiones contaminantes de mercurio es la minería artesanal de oro a pequeña y mediana escala, conocida también por las siglas MAPE.
La contaminación por mercurio de esta actividad minera supone un 40% del total, seguida muy de lejos por el emitido en la combustión de carbón (26%), o de la fabricación de elementos ferrosos (9%), según el informe Global Mercury, publicado en 2018 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El consumo de mercurio destinado a la minería artesanal se estima entre las 870 y las 2.600 toneladas anuales, con una media de entorno a las 1.800 toneladas según el informe publicado por la Agencia de Naciones Unidas para el Medioambiente.
Ese informe revela que el consumo de mercurio por parte de la pequeña minería ascendió en 2015 a unas 1.800 toneladas pero, según reconocen los propios investigadores, se trata de datos con un “elevado nivel de incertidumbre” ya que el contrabando de este metal es otro de los problemas asociados a la minería y es prácticamente imposible conocer con certeza las cifras de consumo reales que se manejan.
Sólo a modo de ejemplo: En 2017 las autoridades filipinas apresaron en las costas de Manila un barco que transportaba, sin ningún tipo de control, cerca de media tonelada de ese metal pesado. El tráfico de mercurio a zonas mineras se ha convertido en un lucrativo negocio y una oportunidad que traficantes sin escrúpulos no dejan pasar pese a la prohibición o a las restricciones de su uso en algunos países.
Si desglosamos las cifras de importaciones y exportaciones registradas por el informe Global Mercury se observa que los mayores consumos de este metal destinados a la minería artesanal se registran en América del Sur, con 680 toneladas anuales, seguida por las 645 toneladas del sudeste asiático. Cierra la lista el África Subsahariana, con un consumo anual estimado en 366 toneladas. Unas cifras que coinciden exactamente con las regiones en las que se concentra la mayor producción mundial de oro mediante técnicas artesanales.
Ese uso descontrolado, junto a la falta de conocimientos y de tecnología para optimizar el uso del mercurio en la extracción de oro supone que cerca del 90% de ese metal pesado se pierda y vaya directamente al entorno. En total se estima que cada año acaban filtrándose al medio ambiente en torno a 1.000 toneladas de mercurio procedente de la actividad minera.
Enfermedades asociadas al mercurio
El problema es que los efectos de un uso inadecuado son devastadores. El mercurio elemental y el metilmercurio son tóxicos para el sistema nervioso central y el periférico. La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales. Las sales de mercurio inorgánicas son corrosivas para la piel, los ojos y el tracto intestinal y, al ser ingeridas, pueden resultar tóxicas para los riñones.
Una actividad incontrolada
Se estima que la minería artesanal y a pequeña escala a nivel mundial ocupa directamente a entre 10 y 15 millones de personas (30 % mujeres y 15 % niños) y que en torno a los 100 millones de personas dependen indirectamente de esta actividad para vivir, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta actividad de subsistencia produce entre el 20% y el 30% del oro del mundo: Entre 700 y 1.000 toneladas anuales si tenemos en cuenta la producción minera en 2018, que alcanzó los 3.346 toneladas en base a las cifras del Consejo Mundial del Oro (WGC, en sus siglas en inglés).
Se trata de una actividad mayoritariamente realizada con herramientas y procesos técnicos rudimentarios y por este motivo, según la OIT, los cinco principales riesgos para la salud asociados con la MAPE son: la exposición al polvo (silicosis); la exposición al mercurio y a otros productos químicos; los efectos del ruido y la vibración; los efectos de la ventilación deficiente (humedad, falta de oxígeno), y los efectos del esfuerzo excesivo, espacio insuficiente y equipo inadecuado.
Pero los riesgos no son afectan sólo a la salud. La pobreza generalizada y la exclusión social en la mayoría de regiones auríferas da forma a una espiral que conduce a la paulatina desaparición de los medios de vida agrícola o de pastoreo tradicionales, y se agrava por los abusos cometidos por las mafias que controlan la producción, además de otras lacras como la prostitución y las enfermedades de transmisión sexual asociadas, la explotación infantil, o el deterioro generalizado del entorno.
Situación crítica en Iberoamérica
Esta situación está más cuantificada en América Latina si tenemos en cuenta un informe de 2017 encargado por la agencia suiza Crimen Organizado Internacional. En la primera década del siglo XXI se cruzaron dos fenómenos, a priori inconexos, que dieron pie a la actual situación de la minería del oro en buena parte de Iberoamérica: Los altos precios del metal aumentaron exponencialmente los beneficios de la minería, al tiempo que el Gobierno norteamericano declaraba la guerra al tráfico de drogas procedente de países como Colombia, México o Perú.
Ante la presión norteamericana y de los Gobiernos locales, los grupos criminales que controlaban el tráfico de estupefacientes necesitaron diversificar su negocio y vieron en el fragmentado y artesanal sector de la minería una ‘excelente’ oportunidad para medrar, a mucho menor riesgo y con beneficios más jugosos también. El cambio de estrategia fue tan provechoso que sólo en Perú y Colombia --los mayores productores de cocaína del mundo-- las exportaciones de oro ilegal ya superan en valor al tráfico de esta droga, según el mismo informe.
La pobreza generalizada y la exclusión social en buena parte de las regiones auríferas del planeta dan forma a una espiral que conduce a la paulatina desaparición de los medios de vida agrícola o de pastoreo tradicionales, y se agrava por los abusos cometidos por las mafias que controlan la mayor parte de la producción en esas zonas
Con unos precios del oro al alza, los grupos criminales llegaron para quedarse. Los datos del estudio son preocupantes: el 28% del oro extraído en Perú, el 30% de Bolivia, el 77% de Ecuador, el 80% de Colombia y entre el 80% y el 90% de Venezuela se produce y exporta sin control oficial.
Y eso es mucho oro si tenemos en cuenta que Perú, por ejemplo, es el sexto productor mundial con unas 150 toneladas anuales. En total se estima que estos siete países, a los que añaden México, Brasil, y Guayana producen en torno a las 160 toneladas anuales de oro; el 8-10% de la producción mundial de la minería a pequeña escala, y que generan unos 7.000 millones de dólares anuales.
Medidas de control
Las iniciativas para poner coto a la importación de oro y otros ‘metales de conflicto’ se han venido incrementando a lo largo de los últimos 10-15 años. Desde el ámbito público la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuenta con la Guía de la Diligencia Debida para las cadenas de suministro responsable de minerales procedenes de áreas de conflicto, aunque en reealidad se trata de «recomendaciones» sin carácter de obligado cumplimiento.
Desde la joyería, organizaciones como el Consejo de Joyería Responsable (RJC) ha hecho suyas estas medidas y las ha ampliado en sus códigos propios, obligando a sus miembros a observar determinados estándares de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social, que se cumplen a través de auditorías internas y externas. En la actualidad el RJC cuenta con más de 1.000 miembros entre los que se encuentran líderes del mercado como el grupo LVMH, Tiffany, De Beers, o Alrosa. En nuestro país son cinco las firmas acreditadas.
También desde el ámbito privado existe desde 2004 la Alianza para la Minería Responsable, una organización que produce oro a través de cooperativas autogestionadas principalmente en América Latina bajo el cuño ‘Fairmined’ y que ya cuenta con un destacado reconocimiento internacional. En la actualidad cuenta con más de una veintena de distribuidores en todo el mundo, como es el caso de Majoral Joyas en España.
Iniciativas desde la Administración
A nivel gubernamental Estados Unidos puso en marcha en el año 2010 su propia legislación para regular el origen de metales ‘conflictivos’ pero un informe de las ONG Amnistía Internacional y Global Witness denunciaba hace poco más de un año que «casi el 80% de las empresas estadounidenses están ‘fallando’ a la hora de comprobar adecuadamente sus cadenas de suministro de minerales procedentes de países en conflicto, especialmente de Centroáfrica».
Por su parte la Unión Europea aprobó en 2017 un Reglamento a fin de prevenir el empleo comercial de oro procedente de zonas de guerra o que vulneran derechos humanos que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. El reglamento establece también un sistema de Diligencia Debida dirigido a los importadores de oro de la UE, pero se trata de un control que, de momento, sólo se aplicará sobre el oro refinado y no para los productos manufacturados en países que no sigan una normativa tan escrupulosa, según han lamentado desde organizaciones como Amnistía Internacional.
«Esta ley no puede ser más que un primer paso. Debe implementarse rápidamente para que se pueda hacer pronto extensiva también a las empresas que importan estos minerales como parte de productos manufacturados», puntualizan desde la ONG Ayuda en Acción.
