Se les imputan delitos de receptación, falsedad documental, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por un fraude de unos 2,5 millones de euros.
Los agentes registraron 20 empresas, domicilios y establecimientos en los que se han incautado de cerca de media tonelada de oro y plata, y más de 476.000 euros en efectivo.
La mayor parte del metal estaba al margen de los requisitos legales, sin ningún control policial o administrativo. Las empresas no los registraban en los ‘Libros de Policía’, de hecho la mayoría carecía de ellos, no cumpliendo por tanto las obligaciones de comunicación y de conservación hasta que se verifique la legitimidad de su procedencia.
