Ante la presión norteamericana y de los Gobiernos locales los grupos criminales que controlaban el tráfico de estupefacientes necesitaron diversificar su negocio y vieron en el fragmentado y artesanal sector de la minería una 'excelente' oportunidad para medrar, a mucho menor riesgo y con beneficios más jugosos también.
El cambio de estrategia fue tan provechoso que sólo en Perú y Colombia --los mayores productores de cocaína del mundo-- las exportaciones de oro ilegal ya superan en valor al tráfico de esta droga, según el estudio elaborado por la agencia contra el Crimen Organizado Internacional. Esta entidad está financiada por el Gobierno Suizo y de cuya dirección se ha encargado Livia Wagner, experta en el mercado del oro que ha trabajado como consultora para la ONU.
Y con unos precios del oro manteniéndose al alza, los grupos criminales llegaron para quedarse. Los datos del estudio son preocupantes: muestran que el 28% del oro extraído en Perú, el 30% de Bolivia, el 77% de Ecuador, el 80% de Colombia y entre el 80% y el 90% de Venezuela se produce y exporta sin control oficial.
Y eso es mucho oro si tenemos en cuenta que Perú, por ejemplo, es el sexto productor mundial con unas 150 toneladas anuales. En total se estima que estos siete países, a los que añaden México, Brasil, Nicaragua y Guayana producen en torno a las 160 toneladas anuales de oro 'sucio', equivalentes a unos 7.000 millones de dólares anuales.
El estudio de campo se realizó entre febrero y diciembre del año pasado. Según sus responsables se visitaron los principales países productores y algunas de las minas ilegales controladas por estos cárteles. También se entrevistaron con expertos nacionales e internacionales, trabajadores de las explotaciones y responsables de las administraciones locales.
La investigación encontró amplios enlaces entre la minería ilegal y el crimen organizado, así como su relación con el blanqueo de capitales procedente de las drogas y el oro. Por ejemplo, el Gobierno de Colombia estima que sólo una división de las FARC (el denominado Frente 34), se embolsa mensualmente un millón de dólares con la extorsión a los productores locales. Y eso es sólo una ínfima parte, ya que en el país campan a sus anchas bandas como los Zetas, los Caballeros Templarios,o los Ratrojos, que también se financian con este suculento negocio.
Destrozos de la explotación ilegal en el área amazónica de Madre de Dios, Perú:
Esta actividad incontrolada supone también un destrozo medioambiental sin precedentes en el área del Amazonas. Entre 2001 y 2003 han desaparecido en torno a los 1.700 kilómetros cuadrados de selva entre Guayana, Perú, Brasil y Colombia. La Fundación Carnegie afirma también que cada año se vierten al Amazonas y a los lagos aledaños más de 30 toneladas de mercurio, generando niveles 34 veces superiores a los permitidos para niños y mujeres embarazadas.
Eso por no hablar de la 'industria asociada' a la producción de oro como el tráfico de personas, la prostitución y la explotación infantil... que también es controlada por las mismas mafias. Por sólo entre 3 y 5 dólares se puede comprar a un niño en cualquiera de estas regiones controladas por los grupos, que, según los datos de este informe han desplazado a miles de personas para explotarlas como trabajadores sexuales y esclavos en las minas. Una de las zonas más peligrosas es la región de Madre de Dios, que se encuentra al sureste de Perú, en plena Amazonía.
Sin embargo, a pesar de estas supuestas irregularidades, la auditora emitió un informe positivo aparentemente presionada por la autoridad reguladora dubaití (DMCC), certificando que la empresa ofrecía oro "libre de conflicto y extraído de forma responsable" (conflict free and responsibly sourced gold).
Aún así la cosa no acabó del todo bien para esta empresa ya que el informe despertó un profundo malestar entre los responsables de la auditora y se filtró a la prensa. Finalmente, en abril de 2015, la autoridad dubaití sacó a KPM de su listado de empresas recomendadas, aunque continúa en el negocio.
Por su parte, la firma KML también afrontó sus propios problemas después de que en 2014 las autoridades de Aduanas de Perú confiscasen dos cargamentos (de 127 y 99 kilos) destinados a Florida.
Un análisis del metal confirmó que procedía de las explotaciones ilegales en Madre de Dios, al tiempo que las investigaciones llegaron hasta el vendedor, un tal Pedro Pérez Miranda --conocido como 'Pedro Ferrari'-- vinculado en los 90 a una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Aunque el oro sigue en manos de las autoridades peruanas a la espera de una justificación de su origen, Kaloti también continúa en el negocio y ambas empresas, según el informe "han aprendido seguramente una importante lección después de estos desafortunados episodios".