Global Witness

La ONG Global Witness pone sobre la mesa un turbio asunto relacionado con el refinado de oro procedente de Sudán, justo cuando este país se encontraba en plena Guerra Civil en el año 2012. Según la investigación de esta ONG la refinería de oro más grande del mundo, Valcambi, con sede en Suiza, habría obtenido más de 20 toneladas de oro procedentes del mayorista saudía Kaloti que, a su vez, habría comprado el metal a Sudán en circunstancias poco claras.

Una operación ‘encubierta’ de la ONG Global Witness ha puesto de manifiesto cómo los traficantes de diamantes de República de Centroáfrica están saltándose a través de Facebook el embargo que pesa sobre la mayor parte del país para lucrarse con el comercio ilícito de diamantes de conflicto.

Tras años de negociaciones –desde que se presentase un primer borrador en mayo de 2014--, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos. Los denominados ‘minerales de conflicto’, entre los que se encuentra el oro.

Las ONG miembros del Proceso Kimberley han emitido un comunicado donde “lamentan” la actitud despectiva de su presidente, el dubaití Bin Sulayem, quien ha criticado a estas asociaciones por no acudir al pasado plenario.

Aprovechando que durante esta semana se celebra en Bruselas el pleno del Proceso Kimberley varias Organizaciones No Gubernamentales lanzaron el lunes un comunicado que arremete duramente contra la industria del diamante por su “falta de compromiso” para que las empresas tengan la obligación de autoregularse ante los abusos sobre los derechos humanos en los países productores, así como frente a la corrupción o los daños medioambientales.

Mientras la Unión Europea y la OCDE avanzan para implantar una serie de medidas para garantizar que algunos de los metales que consumimos (entre ellos el oro) no sirvan para financiar a grupos y conflictos armados, varias ONG’s denuncian que la administración Trump estaría planteando dejar ‘fuera de juego’ la legislación que actualmente regula su comercio en aquel país.

La ONG Global Witness publicó hace años un preocupante informe en el que denunciaba cómo los talibanes de Afganistán y otros grupos armados vinculados al ISIS controlan las importantes minas de lapislázuli al noroeste del país y estarían generando unos beneficios ilegales de en torno a los 20 millones de dólares anuales para financiarse

El impactante desplazamiento de tierra en una mina de jade en Birmania ocurrido el pasado mes de julio y que provocó al menos 170 muertos ha vuelto a poner sobre la mesa las penosas condiciones de trabajo en la extracción de esta gema, especialmente codiciada en China.