Si ayer publicábamos que Petra Diamonds sigue sin encontrar comprador para superar la delicada situación financiera que atraviesa, justo por la tarde conocíamos la presentación de una querella en los tribunales británicos, acusando a la firma de “violaciones de derechos humanos, lesiones personales y muertes” en su mina de diamantes en Tanzania.
La demanda fue presentada por un gabinete jurídico en nombre de 32 ciudadanos anónimos que aseguran haber sufrido estos supuestos abusos en el país africano y viene avalada por un informe elaborado por la ONG británica (RAID) que, desde septiembre de 2019, ha recabado testimonios de otras organizaciones internacionales presentes en la región, activistas locales, y personas que aseguran haber sufrido “palizas, amenazas, coacciones” e incluso tiroteos que habrían acabado con la vida de al menos siete personas, incluidos dos menores.
En respuesta a esta denuncia, la empresa emitió ayer un comunicado informando a sus accionistas sobre las “serias acusaciones” que asegura desconocer y reconoce haber iniciado una investigación “exhaustiva e independiente” para esclarecer lo ocurrido. La firma recuerda que la explotación en Tanzania supera los 30 kilómetros cuadrados y en su entorno ha existido actividad minera ilegal “gestionada por las autoridades locales”.
No obstante, Petra Diamonds asegura no haber recibido formalmente la denuncia aunque sí reconoce haber tenido contacto anterior con el gabinete jurídico encargado de la demanda, en el que instaba a “métodos alternativos para resolver la disputa, incluida la mediación”.
Por su parte, la ONG que ha elaborado el informe admite que la puesta en marcha de esa investigación es “un primer paso” pero insiste en que “la afirmación de Petra de que sus diamantes son éticos carece de sentido si no demuestra claramente que ha resuelto estas serias preocupaciones de derechos humanos y toma medidas urgentes para evitar que tales abusos vuelvan a ocurrir”.
