El presidente venezolano Nicolás Maduro ha calificado de “esquizofrénicas y dementes” las sanciones que la administración norteamericana acaba de decretar contra la importación de oro procedente del país caribeño. En concreto, el embargo prohibiría a "particulares y empresas" la compra de oro procedente de Venezuela debido a la “corrupción del régimen venezolano” aseguran desde la Casa Blanca.
Este anuncio se produce justo unos días después de que el Ejecutivo venezolano haya hecho público un ambicioso plan para la explotación de las reservas del metal dorado en las zonas aledañas a la cuenca del río Orinoco, al sureste del país, que generará unos ingresos de 5.000 millones de dólares sólo en el próximo año, según el Gobierno.
Con la puesta en marcha del ‘Plan Oro’, que es como se ha denominado al proyecto, Venezuela pretende convertirse “en el primer o segundo productor mundial de oro”, en palabras del propio Maduro y para ello se están “certificando 32 nuevos campos de producción”, asegura.
Hasta el momento no han trascendido las reservas estimadas con las que cuenta el país, ni tampoco la exportación actual del metal dorado que produce. Los últimos datos –según fuentes gubernamentales—admiten la venta de unas 24 toneladas de oro a Turquía hasta el tercer trimestre de este año, por las que habrían ingresado en torno a los 900 millones de dólares.
Una producción mayoritariamente ilegal hasta fechas recientes
Si tenemos en cuenta los últimos datos procedentes de fuentes externas, la producción de Venezuela ascendió en 2015 a unas 18 toneladas de oro, de las que 16 serían “ilegales”; esto es, que no pasarían por el control gubernamental, según un informe elaborado por la Agencia contra el Crimen Organizado Internacional, con sede en Suiza.
Esta cifra supone que más del 90% de la producción del país estaría controlada –al menos en el momento del estudio—por grupos armados ajenos a la fiscalización del Gobierno. Sin embargo, fuentes de la oposición venezolana aseguran que en los últimos años el ejército habría estado tomando el control de la mayor parte de las zonas productoras, no sin duros enfrentamientos –y acusaciones de matanzas— entre fuerzas armadas y traficantes.
Las mismas fuentes añaden que ahora son los propios altos mandos del ejército quienes se estarían enriqueciendo de forma ilegal con el control de las zonas productoras.
Al anuncio de la creación de nuevas explotaciones controladas por el Gobierno central a través del Plan Oro se suma la denuncia sobre el "irrecuperable daño medioambiental" por la explotación de más e 110.000 kilómetros cuadrados de selva y también alertan sobre el desplazamiento de los indígenas en zonas antaño protegidas por su elevado valor ecológico.
