La organización no gubernamental británica Global Witness ha anunciado que abandona el Proceso Kimberley, sistema internacional de certificación establecido para detener el comercio de los llamados "diamantes de sangre". En su comunicado, el grupo especifica que la causa de esta renuncia es la negativa actitud del Proceso Kimberley para evolucionar frente a los claros vínculos existentes entre los diamantes, la violencia y la tiranía. "A pesar de los intensos esfuerzos durante muchos años por una coalición de organizaciones no gubernamentales, los fallos principales del plan y las lagunas de éste, no se han solucionado, y la mayoría de los gobiernos que ejecutan el plan siguen sin mostrar ningún interés en la reforma".
"Después de nueve años de que el Proceso de Kimberley se pusiera en marcha, la triste verdad es que la mayoría de los consumidores aún no puede estar seguros del origen de sus diamantes, ni tampoco si están financiando la violencia armada o los regímenes abusivos", dijo Charmian Gooch, director y fundador de Global Witness.
En este sentido, desde la ONG se ha focalizado el fracaso en tres aspectos concretos. El primero es que no se ha podido hacer frente al tráfico de diamantes de Costa de Marfil. En segundo lugar, destaca que el plan no estaba dispuesto a adoptar medidas serias frente a las violaciones flagrantes de las reglas por parte de Venezuela. Y por último no ha demostrado voluntad para detener la corrupción derivada de los diamantes y la violencia en Zimbabwe. "Se ha convertido en cómplice de blanqueo de diamantes (diamond laundering), por el cual los diamantes sucios se mezclan con piedras limpias".
La reciente autorización del Proceso de Kimberley a las exportaciones de dos empresas que operan en los campos de diamantes de Marange, en Zimbabue, ha sido el punto determinante del desencuentro. Las denuncias de Global Witness, organización que lleva años abogando por el cumplimiento del comercio justo, apuntan que el ejército de Zimbabue tomó el control de la zona en 2008, matando a alrededor de doscientos mineros. "Las concesiones mineras fueron otorgadas a continuación, en circunstancias legalmente dudosas, a varias empresas, algunas de ellas asociadas a altos cargos de partido Zanu-PF, de Robert Mugabe", explican desde la organización.
